Por Margarita Obregón
Cada vez que se abre la
posibilidad de una moción de censura en Colombia, somos muchos los que aún creemos
con ilusión que de verdad este país llegó a la madurez política y que por fin el
equilibrio de poderes, pilar de una democracia, funcionará y el legislativo, en
serio, ejercerá su control político sobre el ejecutivo.
Pero siendo realistas,
pasará mucho tiempo para que algo así funcione en Colombia, pues a pesar de algunos
congresistas serios, que de verdad representan el interés del pueblo colombiano
y entienden bien sus funciones, la mayoría no lo son y siguen ejerciendo su
cargo en representación solo de su particular interés o cuando más, en
representación de los particulares que los financiaron para llegar al poder.
Y además de ese
interés ilegítimo que esa mayoría representa, escuchando el pasado debate al Ministro de Defensa en la Cámara de Representantes,
no es atrevido decir que existe mucha ignorancia entre nuestros honrables
padres de la patria, ya que se confunde la moción de censura con un proceso
penal, sin tener claro que esa es una figura de carácter político, cuya
aprobación significa que el legislativo no avala la gestión del ministro
respectivo, es responsable políticamente de aquello que se le imputa y
por tanto debe dejar su cargo.
Pero ello no significa
que el ministro sea responsable disciplinaria ni penalmente. Otra cosa es que las
fallas en su gestión también evidencien transgresiones de esta naturaleza, caso
en el cual se dará trasladado a quienes sean sus jueces para que de igual forma
establezcan si es responsable en estas materias.
Es decir, un ministro
separado de su cargo por una moción de censura no necesariamente es un
delincuente si no tal vez un incompetente. Por ello la moción no tiene que fundamentarse
en la comisión de un delito por parte del citado, sino en su poca idoneidad
para estar al frente de esa cartera o en una falta que comprometa su capacidad
y buen juicio para el ejercicio de sus funciones.
En el citado debate al
Ministro de Defensa se oyó principalmente a los representantes del partido de
gobierno y los agazapados detrás suyo, expresando que no había pruebas
suficientes, que lo presentado no era contundente, que el ministro no sabía,
etc, como si se tratara de un proceso penal donde si procede pedir la plena
prueba o donde la duda favorece al implicado.
A mi juicio -de
abogada- las pruebas si eran contundentes, pero en gracia de discusión si no lo
fueran, aquí de lo que se trataba era de
avalar o no la gestión del ministro y establecer su responsabilidad política en
lo sucedido en el caso de Dimar Torres y en la expedición de las directrices
del ejército estimulando de alguna manera las ejecuciones extrajudiciales; y
evidentemente el ministro tenía la responsabilidad política, o bien porque dio
instrucciones o conocía los hechos en su real dimensión y las directrices dadas
en el ejército, que constituían claras
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, o
las desconocía, lo cual hubiera sido peor pues habría incurrido en una
negligencia inadmisible en un ministro de defensa.
Como era de esperarse,
la moción de censura al Ministro de Defensa no prosperó y por ahora, esta
figura seguirá sin estrenarse. Se evidenció que en Colombia aún no hay
verdadera oposición, salvo voces aisladas, y al final la mayoría se repliega
para congraciarse con el ejecutivo y recibir sus prebendas o aún no se entiende
lo que aquella significa.
Lo bueno es que estas
mociones de censura han servido para que la oposición pida cuentas al gobierno
de turno, y los ciudadanos del común conozcamos de muchas historias turbias que
nos pretenden ocultar.
En el caso particular,
queda en gran parte de la ciudadanía una tremenda desconfianza hacia la gestión
del ministro, pues gracias a algunos valientes militares y periodistas, medios
de comunicación y organismos internacionales, y al debate en la Cámara, nos
hemos enterado de cómo se maneja ese ministerio y de prácticas que muchos
aborrecemos y condenamos sin importar el color político de aquellos que las
ejecutan, permitan o promuevan.
Con estas evidencias llegó
entonces la hora de que los ciudadanos del común tomemos partido por el derecho
a la vida, por el respeto de los Derechos Humanos de ex-guerrilleros, soldados y
civiles en general, y la hora de condenar la justificación de cualquier muerte.
Nos llegó la hora de repudiar
la macabra costumbre de celebrar las bajas, pues no son números, son seres
humanos con una historia, con sueños, con una familia, con unos padres y
hermanos que lloran su ausencia y con unos hijos que crecerán sin ellos.
Y también llegó la
hora de que quienes detentan el poder sepan que estaremos vigilantes para que
eso jamás vuelva a suceder.
