Conocido el
informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-
señalando que los cultivos de coca en Colombia se han duplicado en los últimos
dos años hasta alcanzar las 96 mil hectáreas, se anuncia desde ya el debate en
el Congreso al Ministro de Defensa.
Para
desilusión de todos, el debate se centrará en los mecanismos de erradicación de
los cultivos ilícitos y su efectividad y ya imaginamos que los citantes se irán
lanza en ristre contra la decisión del gobierno de suspender la fumigación
aérea con glifosato, luego de una larga lucha librada por las comunidades que
sufrían los efectos de este herbicida y que solo se canceló después de que la
OMS indicó que el uso de esta sustancia tiene efectos probablemente cancerígenos
sobre los seres humanos.
El Congreso
no debatirá las verdaderas causas del aumento de las áreas sembradas con coca,
ni la política antidrogas, que es el fondo del asunto, ni surgirá de allí un
acompañamiento del legislativo al gobierno para fortalecer institucional y
presupuestalmente las entidades encargadas de la sustitución de cultivos, como
debiera ser, y suponemos que se limitarán a pedir más represión como
siempre sucede con los grandes problemas que nos aquejan a los colombianos.
Y es que nos
dedicamos a señalarnos unos a otros, y olvidamos lo elemental de un problema
tan complejo: aquí lo que cuenta son las leyes del mercado y ellas explican que
el aumento de estos cultivos se origina en el aumento de la demanda por parte
de consumidores pues el número de adictos sube no solo Estados Unidos,
principal consumidor, si no en Colombia donde el consumo y el tráfico interno
han aumentado sustancialmente.
Acabar con
la demanda mundial es un imposible y disminuirla solo se logrará con la
legalización de la droga. Se sabe que todos los males que acarrea el lucrativo narcotráfico
provienen de su prohibición, y la corrupción, muerte y desolación que se
derivan de él solo se acabarán cuando se legalice el negocio maldito. Pero
Estados Unidos parece olvidar la experiencia vivida con la Ley Seca durante 13
años (1920-1933) en los cuales se prohibió el alcohol, y sin embargo continuó
siendo producido e importado de forma clandestina, provocando un auge
considerable del crimen organizado.
Por ello desconsuela
ver como los norteamericanos siguen empeñados en su fracasada estrategia global
de lucha contra las drogas, que tenía como objetivo un mundo libre de ellas (en
lugar de concentrar sus batallas por un mundo libre de pobreza) a costa de
nuestros esfuerzos, nuestros recursos y nuestros muertos. Los réditos y los
intereses detrás de este negocio tienen que ser inmensos para que sigan
empecinados en su inútil lucha.
Colombia ya empezó a dar el debate en la sesión extraordinaria de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, celebrada en abril pasado, para que sus
miembros acepten darle un giro a este tema y lo aborden desde la óptica de derechos
humanos y salud pública teniendo en cuenta que los métodos represivos y de
penalización han fracasado, pero sabemos que el camino para la legalización será
largo y aislados no podemos tomar esa medida.
Con el
nuevo enfoque planteado por el gobierno es urgente que toda la sociedad se
apropie del mismo, y empecemos a exigir y apoyar el fortalecimiento de los
programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de los adictos.
Así mismo y con la misma urgencia se requiere dar solución a las 75 mil familias que
viven del cultivo de coca y a los territorios donde ello ocurre para que tengan
opciones sostenibles y rentables, que les dignifique su vida y los motiven a
sustituir voluntariamente estos cultivos, no tanto por su ilegalidad, si no por
la deforestación y erosión de los suelos que deja esta siembra, y tampoco se
conviertan en presa fácil de la minería ilegal.
El gobierno
ya ha iniciado varios programas en las zonas afectadas, pero para lograr resultados sostenibles, se requiere el esfuerzo tripartida y articulado de
Estado local y nacional, empresa privada y sociedad civil pues el atraso y
olvido del campo colombiano es una deuda imperdonable a cargo de todos.
Los
acuerdos de la Habana denominados Política de Desarrollo Agrario Integral y
Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, constituyen principios de solución
que todos los colombianos deberíamos conocer y apoyar si queremos un campo
próspero, campesinos que vuelvan a su tierra a realizar los sueños truncados en
lugar de deambular entre inhóspitas ciudades y todos podamos disfrutar sin
miedo y en libertad de nuestros bosques, montañas, ríos y valles.
Margarita Obregón
